Condenan al hermano de Pedro Sánchez a 9 años de inhabilitación por prevaricación y absuelven de tráfico de influencias
La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación en su contratación como coordinador de los conservatorios de la Diputación en 2017. El tribunal lo absuelve del delito de tráfico de influencias, por el que las acusaciones populares pedían hasta seis años de prisión. También condena al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación, y a otros nueve acusados a nueve años.
La sentencia, de 377 páginas y recurrible, considera probado que se creó una plaza de empleo público innecesaria mediante un plan delictivo ideado por altas instancias de la institución. David Sánchez fue autor por cooperación necesaria: tenía conocimiento previo de que el puesto se había diseñado para él y simuló la legalidad del procedimiento al presentarse a la convocatoria y realizar la entrevista. Además, consiguió adaptar las condiciones a sus preferencias personales, como no acudir a un despacho diariamente y dedicarse a la ópera.
Respecto a la contratación de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, como coordinador de programas transfronterizos, la Audiencia concluye que fue un proceso plagado de irregularidades, diseñado para poner fondos públicos al servicio de fines particulares. La comisión de servicios se solicitó un mes antes de que se publicara la aprobación definitiva del puesto, y los controles aplicados fueron puramente cosméticos.
Los testimonios de los agentes de la UCO fueron de especial relevancia. El teniente coronel Antonio Balas sostuvo con rotundidad que la génesis del puesto partió de Presidencia de la Diputación, por encima del Área de Cultura, aunque en el juicio matizó que esa afirmación se infería de correos electrónicos pero sin pruebas directas, y otros testigos negaron que la plaza estuviera amañada.
La causa se inició con una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias en 2024, siete años después de la contratación. El puesto se creó en 2017, cuando Pedro Sánchez había dimitido como secretario general del PSOE y no tenía poder orgánico ni político. El juicio se centró en si los requisitos y el proceso de selección fueron arbitrarios para favorecer al músico, aunque la mayoría de los testigos, incluidos funcionarios y otros candidatos, no observaron irregularidades.
Fuente: eldiario.es · Visto en r/SpainPolitics