Moreno cede a Vox el control de las unidades de valoración de víctimas de violencia de género que la formación quiso depurar

En 2019, con su entrada en el Parlamento andaluz, Vox solicitó la lista con nombres y apellidos de los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. El objetivo, según expresó entonces el juez Francisco Serrano, era identificar a los profesionales que actuaban por “motivos ideológicos” y “depurar” el servicio, al que acusaban de tener un “sesgo ideológico” y de estar infiltrado por “profesionales no cualificados”. Serrano llegó a escribir en X que “los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados”.

La Junta de Andalucía, entonces gobernada por PP y Ciudadanos con apoyo externo de Vox, nunca entregó esos listados amparándose en la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, siete años después, el presidente Juanma Moreno ha otorgado a Vox la Consejería de Justicia, que ahora gestiona Manuel Gavira como vicepresidente segundo. Entre sus competencias figuran la organización de los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia y las propias unidades de valoración integral de violencia de género, así como la elaboración de protocolos en esta materia.

Desde la oposición, Vox siempre tachó estos servicios de “chiringuitos ideológicos” y defendió el negacionismo de la violencia machista. Ahora, desde el Gobierno, dispondrá de las unidades que realizan informes periciales para juzgados y para la concesión de ayudas a mujeres maltratadas. No obstante, la capacidad real de maniobra es limitada: se trata de una “administración prestacional” que solo puede gestionar medios materiales y humanos, sin facultades para dictar órdenes directas a los funcionarios ni para solicitar informes forenses por iniciativa propia.

Fuentes del PP andaluz restan importancia a la cesión y afirman que el escaso margen autonómico en Justicia impide el “despliegue ideológico” ultraderechista. La consejería también gestiona los centros de internamiento de menores infractores, lo que permitirá a Vox acceder a datos que, según los populares, demostrarán que la mayoría de los internos por violencia juvenil son españoles y no extranjeros, como la formación solía afirmar.

Fuente: eldiario.es · Visto en r/SpainPolitics